Desde los inicios del año 20 los cambios en políticas públicas y su traslado normativo se suceden sin cesar. Los intentos incesantes por parte de todos los gobiernos para acertar en la gestión de la crisis del coronavirus nos van dejando lecturas globales más profundas que desembocan en análisis críticos de los mismos.
Son muchas las instituciones públicas y privadas que están contribuyendo a la acción global para contrarrestar o ayudar a superar los impactos negativos de esta crisis en el ámbito de la salud, económico y social. De entre ellas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Key Policy Responses from the OECD) ha lanzado un proyecto que se dirige a recopilar datos, análisis y recomendaciones para contribuir a la acción global necesaria para enfrentar este inmenso desafío colectivo. El planteamiento del análisis de las respuestas políticas locales se realiza a largo plazo, en el bien entendido de que la finalidad última es sentar conclusiones que puedan ayudar a establecer los cauces para obtener respuestas políticas coordinadas y globales en temas tan esenciales como la salud, educación, impuestos y sectores sociales más vulnerables.
En el ámbito privado destaca un proyecto, ambicioso a la par que interesante, liderado por la abogada Margaret Rose-Goddard y sus colegas de FutureLaw (Anja Blaj), denominado Global COVID19 Policy Response (GCPR). El proyectose presenta comouna iniciativa de investigación metajurídica, creando una gran base de datos alimentada con leyes y políticas públicas adoptadas durante los primeros momentos de la crisis, estando a disposición del público de manera que cualquier profesional puede conocer su contenido: ya se trate de abogados, tecnólogos jurídicos o científicos sociales.
La gran aportación de este proyecto deriva del propósito fundamental del mismo, cual es, repensar los actuales sistemas jurídicos que, según las investigadoras, se han manifestado como inadecuados -incluso anticuados- para aportar soluciones ante una crisis sin precedentes.
El método de análisis parte de la recopilación masiva de datos relativos a las respuestas políticas adoptadas en los diferentes países y sistemas jurídicos del mundo, llegando a configurar una base de datos que permite la interconexión entre diferentes conjuntos de los mismos permitiendo un análisis profundo y no solo centrado en cifras y recopilación de las mismas (aunque esta fase es esencial como preliminar).
El objetivo primordial del CGPR es propiciar un análisis metajurídico que derive en informes de investigación dirigidos a repensar los actuales sistemas legales e incluso a aportar disposiciones modelo. En definitiva, que un grupo interdisciplinar de profesionales integrado por abogados, tecnólogos, científicos y sociólogos, piensen sobre la adecuación de los sistemas legales a la realidad actual. Según define el propio proyecto: “Los enfoques meta-jurídicos aplican la teoría de la complejidad a la investigación jurídica y esto nos permite descubrir nuevas vías para comprender, negociar y resolver los problemas jurídicos de manera creativa, universal y en colaboración, permitiendo así soluciones jurídicas regenerativas y emergentes”.
Algunos de los puntos relevantes del CGPR:
- Toma de conciencia de la existencia de una complejidad jurídica emergente que plantea numerosas incertidumbres y nos muestra cómo abogados, expertos en políticas públicas, académicos, empresarios y gobiernos, empiezan a navegar entre las mismas.
- Los enfoques nacionales a un desafío transnacional están comprometiendo nuestro progreso colectivo.
- La investigación metajurídica es indispensable para aportar soluciones globales.
- Trazar un mapa de la relación entre las respuestas y variables a nivel mundial y transnacional que permita analizar la correlación entre el Estado de Derecho y los índices de mortalidad consecuencia de la COVID-19.
- A medida que la ciencia y la sociedad pasan de una visión mecanicista del mundo a otra más sistémica, también debe hacerlo la ley.
- Es imprescindible el trabajo junto a los tecnólogos para comprender mejor cómo emplear instrumentos técnicos novedosos y sofisticados que permitan la compilación de datos en masa, la definición de «árboles» jerárquicos entre diversas fuentes jurídicas y el diseño de «mapas jurídicos» para la vigilancia del comportamiento de la red.
- Este trabajo metajurídico abre la puerta a investigaciones avanzadas y comparadas permitiendo posibles simulaciones de respuestas políticas en caso de una nueva ola de epidemia o incluso de un nuevo tipo de pandemia.
Interesante trabajo y enfoque que extraerá conclusiones importantes en temas tan relevantes como el nivel de relación entre los sistemas democráticos más respetuosos y garantistas de los derechos fundamentales y el mayor índice de mortalidad a consecuencia de la COVID-19, y los sistemas totalitarios y autoritarios más restrictivos de las libertades individuales, y su menor índice de mortalidad a consecuencia de la pandemia. Causa-efecto que a través de proyectos como el CGPR puede llegar a constatarse de manera sólida, ya que actualmente son solo datos recopilados que dan lugar a interpretaciones no fundamentadas.
Regulación agile
El estudio de Margaret Rose-Goddard también manifiesta la conveniencia de atender a la nueva técnica legislativa que la crisis de la COVID-19 nos ha dejado. Efectivamente, si la denominada Regulación Agile es un concepto novedoso fruto de la necesidad de dotar de marcos regulatorios flexibles y ágiles a los avances tecnológicos ajustándose a las modificaciones continuas que estos conllevan, se ha manifestado asimismo como idóneo para atender con carácter de urgencia a la situación económica y social derivada de la pandemia.
Esa mentalidad beta del legislador que caracteriza a la Regulación Agile es la que están adoptando los reguladores de todos los países ante la crisis: prueba y error ante situaciones extraordinarias e imprevistas.
Todas estas reflexiones nos dejan margen para el análisis profundo sobre esta nueva complejidad jurídica emergente.
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