Los movimientos innovadores y disruptivos promovidos por los estados de Utah y Arizona en EEUU, implicando el mayor cambio producido en la regulación de la prestación de servicios legales de las últimas décadas, empiezan a dar sus primeros frutos.
El Informe, Legal Innovation After Reform: Evidence from Regulatory Change, realizado y publicado por Stanford Law School recoge los primeros datos de los que pueden extraerse conclusiones que permiten constatar que la apertura de barreras regulatorias en el ejercicio de la abogacía no perjudica a los clientes y consumidores.
El temor generado en un principio ante la posibilidad de que estos cambios pudieran restar seguridad y protección a los usuarios parece que se va disipando.
En el caso de Utah las propuestas tienen su origen en el trabajo realizado por la Task Force on Regulatory Reform, liderada por el juez de la Corte Suprema Deno Himonas. La propuesta general contenida en el informe Narrowing the Access-to-Justice Gap by Reimagining Regulation, se concretó en unas medidas específicas. Entre esas importantes medidas destacaban: la apertura del mercado jurídico a no abogados con la finalidad de completar y enriquecer la prestación de asesoramiento jurídico con perfiles diversos como trabajadores sociales o asesores tecnológicos asociados con abogados (estas asociaciones se entienden como estructuras comerciales alternativas); la posibilidad de dar entrada en el mercado jurídico a personas no abogados que puedan convertirse en propietarios o inversores de firmas jurídicas (proveedores de servicios jurídicos). La medida se fundamentaba en la posibilidad de fortalecer económicamente la asesoría jurídica y con ello, mejorar el acceso a la justicia. En palabras del propio juez Deno Himonas, líder de la propuesta, “los estadounidenses necesitan y merecen tener acceso a servicios legales accesibles” y propiciar la prestación de servicios jurídicos por tecnología, aprovechando las plataformas del S. XXI en este ámbito.
La metodología para implementar estas medidas sería el Sandbox.
Por su parte, la Corte Suprema de Arizona aprobó en agosto 2020, por unanimidad, modificaciones que suprimen la aplicación de la Rule 5.4 of the Rules of Professional Conduct. Las importantes consecuencias que se derivaban de esta decisión llevaron a convertir a Arizona en el primer estado de EEUU que admite la posibilidad de conceder licencias a no-abogados como “legal paraprofessionals”, autorizándoles para intervenir en la asistencia legal limitada, incluso ante tribunales. La finalidad de esta apertura hacia la innovación en la prestación de servicios legales que inspira el caso de Arizona, quedó definida de forma clara por la Corte Suprema: permitirá mayores innovaciones tecnológicas en la prestación de servicios legales al público; proporcionará capital adicional para ser inyectado en firmas legales; permitirá a las firmas atraer a los mejores y más brillantes socios no abogados y permitirá que las “ventanillas únicas” puedan proporcionar servicios legales y no legales a un cliente.
El marco regulatorio que aborda este cambio exige que las empresas, denominadas “Alternative Business Structures” (ABS), cuenten con una licencia.
Pues bien, el informe Legal Innovation After Reform: Evidence from Regulatory Change, recopila los primeros datos contrastados sobre estas experiencias. Según se destaca en el propio informe, el análisis se basa en dos tipos de datos. En primer lugar, para entender qué tipos de innovación son posibles, se realizaron entrevistas en profundidad y semiestructuradas con 37 entidades que han obtenido autorización en jurisdicciones liberalizadoras, la mitad en Utah y Arizona y la otra mitad en el Reino Unido, donde los esfuerzos de reforma están más maduros.
En segundo lugar, para entender qué tipo de innovación puede producirse en los mercados legales de Estados Unidos y a quién puede servir, se realizó un análisis exhaustivo de la solicitud, la autorización y otros materiales de cara al público, de las 57 entidades autorizadas en Utah y Arizona a 30 de junio de 2022.
Resultado de ese análisis se extraen unas primeras conclusiones:
Las reformas normativas están estimulando la innovación sustancial de cinco maneras diferentes.
En concreto, se han identificado cinco tipos de innovación: (1) los bufetes tradicionales que modifican su estructura empresarial o el modelo de servicio; (2) «empresas de derecho» que ejercen la abogacía; (3) «empresas que no son de derecho», como nuevas empresas “no jurídicas» que se convierten en nuevos participantes en el sector legal; (4) plataformas de intermediación y (5) entidades que utilizan a personas que no son abogados y la tecnología para ejercer la abogacía.
Entre las entidades autorizadas en Utah y Arizona, el 35% son bufetes tradicionales que han añadido un socio no abogado, han accedido a nuevas fuentes de capital o han introducido un nuevo modelo de prestación de servicios.
Los abogados están desempeñando un papel fundamental en las entidades y en la innovación dentro de ellas.
En las entidades innovadoras de Utah y Arizona, los abogados siguen siendo fundamentales para el desarrollo de los servicios, ya sea como empleados profesionales, a través de funciones de supervisión y cumplimiento, o a través de la propiedad y el liderazgo de la entidad.
La mayoría de las entidades están utilizando tanto la tecnología como otras innovaciones para prestar servicios novedosos, sobre todo a los consumidores y a las pequeñas empresas.
En total, el 61% de las entidades de los dos estados de la reforma identificaron una innovación tecnológica como parte de su autorización de ABS o autorización Sandbox.
Los esfuerzos de reforma hasta este momento no parecen plantear un riesgo sustancial de daño al consumidor
La reforma de la Unauthorized Practice of Law (UPL) parece ser fundamental para atender a las poblaciones de menores ingresos. El Sandbox de Utah -que permite a las entidades solicitar exenciones de la UPL- contiene las únicas entidades, todas ellas sin ánimo de lucro, que informan de que atienden principalmente a personas indigentes y con bajos ingresos. Por el contrario, el «enfoque de sólo ABS» de Arizona está produciendo hasta ahora cambios importantes, pero limitados, en el modelo convencional de prestación de servicios jurídicos que atiende predominantemente a una clientela de ingresos medios y pequeñas empresas.
Utah ha recibido una queja y Arizona ninguna queja a junio de 2022.
En el propio informe se indica que, aunque estos datos están sujetos a salvedades, nos proporcionan una visión real y actual de los primeros casos de liberalización de las normas relativas a la propiedad de las empresas jurídicas y al ejercicio de la abogacía destacando que estas realidades pueden y deben informar e impulsar la elaboración de políticas en el futuro.
Estaremos atentos a esta evolución.
Suscríbete a nuestro newsletter aquí.
