Silvia Caparrós es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, Máster en Comercio Exterior y Derecho Internacional, cuenta con un postgrado en economía por la Universidad de Barcelona y estudios de doctorado en la UB y en la Universidad de California, Berkeley. En 2014 se incorporó a Scytl como directora Jurídica. A antes de asumir el puesto de directora general en octubre de 2018, fue miembro del Comité Ejecutivo de la empresa en su calidad de Directora Jurídica y de Recursos Humanos, y posteriormente como Directora de Negocios y Estrategia.
Previo a su incorporación a Scytl, Silvia ejerció en el campo del derecho societario, de los derechos de autor y de las tecnologías de la información durante más de 20 años, habiendo sido socia de varios despachos de abogados. También ha sido docente en la Universidad Politécnica de Catalunya, la Universidad de Barcelona y en ESADE Universidad Ramon Llull, impartiendo clases sobre derechos de autor durante más de 10 años, y ponente habitual en seminarios, jornadas y conferencias sobre la misma materia.
The Technolawgist ha hablado con Silvia sobre el voto por internet y la incorporación de tecnologías emergentes en los procesos electorales y de toma de decisiones.
Háblanos del origen de Scytl Election Technologies y su esfuerzo por conseguir una modernización de los procesos electorales.
Scytl se fundó en 2001 como spin-off de un destacado grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, pionero desde 1994 en la investigación de soluciones de seguridad para la industria del voto por internet. A partir de entonces, y desde hace ya más de 20 años, nos hemos dedicado a proporcionar tecnología segura y avanzada con el objetivo de aplicarla a los procesos electorales, aportando conveniencia, accesibilidad, seguridad, transparencia, y auditabilidad
Las soluciones de Scytl, protegidas por más de 50 patentes internacionales y avaladas por gobiernos y agencias de seguridad de varios países, se han utilizado con éxito en más de 30 países del mundo, entre los que se incluyen Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Brasil, Sudáfrica, India y Australia.
El origen universitario del proyecto: ¿lo ha dotado de mayor solidez?
Nuestro origen universitario también ha hecho de la investigación el ADN de Scytl. Actualmente contamos con un equipo de investigación e innovación que representa más del 10% de nuestra plantilla global, entre doctores, candidatos a doctor, y desarrolladores de software criptográfico. Este equipo se encarga de poner la mirada en el futuro y de estudiar las oportunidades y riesgos que plantean las tecnologías emergentes para los procesos electorales y de toma de decisiones, tales como la blockchain o la criptografía post-cuántica. De hecho, gran parte de nuestra investigación sigue avanzando de la mano de universidades españolas y europeas: hoy en día colaboramos con más de una decena de universidades en España, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Israel, Austria, Bélgica y Estonia. Ello nos ha permitido defender con éxito ocho nuevas tesis doctorales sobre la seguridad del voto electrónico en las dos últimas décadas, muchos de ellas elaboradas juntamente con universidades catalanas en el marco de proyectos de doctorados industriales.
¿Crees que existe cada día una mayor cultura de incorporación de tecnología en los procesos electorales, tanto en la emisión como recuento posterior?
El siglo XXI es sinónimo de digitalización, donde la tecnología juega un papel protagonista en todos los ámbitos de una sociedad en constante transformación. En este contexto cambiante, los procesos electorales no pueden quedarse atrás y deben adaptarse también a las nuevas necesidades.
No cabe duda de que la pandemia ha acelerado la digitalización, tanto en el sector público como en el privado.
En el sector público, es cierto que la tecnología se ha incorporado en los procesos electorales, pero aún queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, es habitual que la tabulación de resultados (contabilizar de forma rápida y segura los resultados de cualquier canal de votación) y su publicación (visualización de los resultados online una vez estén disponibles, haciéndolos accesibles a ciudadanos y medios de comunicación) se realicen de manera digital. También hay cada vez más países que aplican la tecnología para la gestión de los censos, el registro de las candidaturas e incluso para la identificación de sus ciudadanos.
Sin embargo, en cuanto al voto por internet todavía son pocos los países que lo han adoptado o que tienen la perspectiva de un cambio legislativo que lo permita. Por ejemplo, en el caso de España, aún cuando el voto por internet tendría todo el sentido para facilitar el voto de los españoles en el extranjero, se necesita un consenso político para la reforma de la LOREG, que hoy por hoy todavía parece lejano pese a las recomendaciones de algunas instituciones. Sin embargo, democracias consolidadas en Europa, América y Oceanía ven en el voto por Internet una alternativa válida para mejorar las grandes carencias de los sistemas actuales: los problemas de envío y recepción del material electoral (sobre todo desde el extranjero) la falta de accesibilidad de las papeletas o las cada vez mayores costes asociados a una generalización del voto postal: mientras que un voto por correo puede llegar a costar 20€ por votante, el de un voto emitido por Internet puede reducirse drásticamente a poco más de 1€.
Entendiendo que la seguridad y confiabilidad son esenciales en estos procesos: ¿de qué manera se aportan estas garantías por Scytl?
Las soluciones de voto por internet y tecnología electoral de Scytl emplean protocolos criptográficos únicos que garantizan la máxima seguridad, transparencia y auditabilidad en cualquier tipo de comicios. La criptografía es una técnica matemática que permite proteger la información. Por ejemplo, mediante el cifrado se puede transformar un mensaje legible en ilegible, de manera que no se pueda conocer su contenido. Ello permite garantizar el pleno respecto al secreto del voto, sin renunciar a la transparencia y la verificabilidad del proceso.
La confidencialidad del voto se consigue gracias a su cifrado en el dispositivo del votante antes de ser enviado al servidor de voto; mientras que el anonimato se alcanza mediante el proceso de descifrado anónimo, que mezcla y descifra la urna digital de forma que impide la correlación entre el voto y el elector o incluso permiten realizar un recuento de los votos sin necesidad de descifrarlos: de esa forma se garantiza el anonimato total de cada voto particular
La criptografía también permite garantizar la integridad del proceso. Mediante firmas digitales, por ejemplo, se garantiza que los votos han sido emitidos por votantes con derecho a votar y se impide su manipulación.
En cuanto a la transparencia del proceso, se usan recibos de votación que permiten al elector comprobar que su voto ha sido contabilizado en el recuento final. Por último, la verificabilidad permite demostrar la seguridad del proceso, ya que cualquier auditor puede comprobar que se ha llevado a cabo correctamente.
Cuando se habla de voto electrónico se suele identificar con el sector público, pero existe un amplio sector privado en el que también se está utilizando: ¿cuáles son los ámbitos privados en los que se está incorporando?
Hemos detectado un crecimiento exponencial del interés del voto por internet en el sector privado, especialmente desde el estallido de la pandemia. Aunque tradicionalmente se asocia esta modalidad de votación a los procesos electorales públicos vinculantes, existen multitud de ámbitos en los que ya se está implantando, como en las universidades, siendo las elecciones a rector las más célebres.
Las empresas también celebran elecciones con frecuencia. Un claro ejemplo de ello son los comicios para elegir el consejo de administración o el comité de empresa. Del mismo modo, el voto por internet es también muy utilizado en las asambleas generales anuales de las compañías.
Por otro lado, los sindicatos, caracterizados por contar con una estructura de gobernanza compleja con delegados, representantes y dirigentes en distintos niveles, se están abriendo poco a poco al voto por internet.
Asimismo, algunos partidos políticos también han optado por el uso de este canal en consultas con sus afiliados o en elecciones primarias; mientras que las asociaciones es otro de los sectores que utilizan este canal, sobre todo porque pueden tener miembros en diferentes lugares y resulta una ardua tarea asistir presencialmente a las reuniones, elecciones o a las votaciones y procesos de toma de decisión.
Eres abogada y, por tanto, experta en aspectos legales de la incorporación de tecnología a procesos y negocio: ¿cuán de importante consideras la participación de abogados en todo avance tecnológico?
Todo avance tecnológico debe ir acompañado de la pertinente regulación con el fin de garantizar los derechos de las personas físicas y jurídicas, y la seguridad jurídica. El abanico de cuestiones jurídicas que surgen en torno a la tecnología es muy amplio: contratación, protección de datos personales, protección de la imagen y de la reputación, derecho al olvido, a la desconexión digital, comercio electrónico, comunicaciones electrónicas, protección de intangibles, por señalar unos cuantos en los que la tecnología ha hecho evolucionar el derecho de forma radical.
Cuando hablamos de procesos electorales, un estado democrático no puede dejar escapar las ventajas y mejoras que la tecnología puede aportar a unos procesos electorales que aún hoy en día siguen excluyendo parte del electorado. Sin embargo, la introducción de la tecnología en las elecciones debe hacerse con garantías. El axioma “el derecho siempre va detrás de la sociedad” cobra mayor importancia, ya que sin un marco regulatorio claro la transformación digital no se puede implementar, ya sea vía estatutos en el sector privado o modificación de la legislación electoral en el sector público. Es esencial contar con abogados expertos en tecnología que entiendan sus ventajas y sus retos, para garantizar en todo momento los derechos de las personas.
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