El camino iniciado por algunos Estados de EEUU hacia la apertura de la inversión en firmas legales por parte de non lawyers se presentó en un inicio como una importantísima excepción a la norma que de manera clara limitaba esta posibilidad (Rule 5.4 of the Rules of Professional Conduct). Casos como el pionero Estado de Utah, fueron seguidos por otros estados como California y Arizona, organizando comités especiales y sandboxes que permitan analizar y experimentar nuevas fórmulas en la prestación de servicios legales.
En el fondo de estas iniciativas se encuentra la idea y propósito fundamental de propiciar el acceso a la justicia a través de fórmulas ágiles y económicas para los más necesitados, siempre dentro de los estándares éticos de la profesión legal. Pero, no solo son iniciativas en pro de un asesoramiento legal a los más vulnerables, sino que estas cajas de arena están poniendo de manifiesto la demanda social en general, aunque no se trate de personas sin recursos. Un ejemplo de esa demanda lo encontramos en el caso de California el que entre los documentos de trabajo del Regulatory Sandbox se encuentran solicitudes en este sentido por parte de los consumidores en general (Letter to California Working Group on Closing the Justice Gap on Scope of Regulatory Sandbox, September 2, 2021).
Es ahora, el Estado de Florida, el que abre un espacio de prueba para analizar esta posibilidad. A principios de 2021, el Colegio de Abogados de Florida realizó una encuesta entre sus miembros. En la encuesta se incluyen preguntas relacionadas con la propiedad de los despachos de abogados por los no abogados y el consiguiente reparto de honorarios y participación en el capital de la firma. La mayoría de los abogados que participaron en la encuesta no consideraron que la eliminación o flexibilización de la norma que prohíbe el reparto de honorarios con no abogados aumentaría las oportunidades de desarrollo empresarial de los abogados (53%). Así mismo, no creen que las empresas tecnológicas que ponen en contacto a los clientes con los abogados deban poder retener una parte de los honorarios pagados por el consumidor (65%), tampoco creen que los no abogados que pudieran apoyar a un bufete de abogados puedan tener una participación en el bufete (81%) y, finalmente, no aprueban la propiedad pasiva de los bufetes de abogados por parte de los no abogados (84%), de acuerdo con el Final Report of the special Committee to improve the delivery of legal services (Juny 28, 2021).
Todos estos datos evidencian una reticencia al cambio por parte de los abogados de Florida por miedo o temor a lo desconocido ante nuevas fórmulas que pueden presentarse como oportunidad o amenaza a la profesión legal.
Siendo consciente de esta percepción en el sector, se crea el Law Practice Innovation Lab Program con el objetivo de abrir un espacio de reflexión que de confianza y permita experimentar nuevas fórmulas para explorar la posibilidad de apertura a los no abogados en el Estado. Y para ello, se elige el modelo de Utah por considerar que es el que mejor se adecúa a la situación de la profesión legal en Florida.
Todos los participantes en el Lab Program estarán bajo la supervisión del Special Committee to Improve the Delivery of Legal Services y en última instancia de la Supreme Court of Florida, que velarán porque los proyectos y Alternative Business Structures (ABS) que oferten prestación de servicios legales no ocasionen ningún perjuicio o daño a los consumidores, antes al contrario que faciliten y promuevan un servicio legal ágil y accesible. El Comité recomienda que la fase inicial de pruebas del Lab Program se extienda por un periodo de 3 años y a partir de ese momento, en vistas a los proyectos acelerados, se perpetúe o se extinga.
En un primer análisis de la propuesta presentada por el Colegio de abogados de Florida, parece que la voluntad es abrirse efectivamente a fórmulas innovadoras siguiendo el modelo de otros estados si bien, con un propósito claro de generar un marco de confianza que permita a los abogados sumarse a este avance con convicción y formando parte del proceso con proyectos testados y acreditados.
