El hombre más rico del planeta Tierra, Elon Musk, está empeñado en invertir su enorme capacidad de trabajo y patrimonio en colonizar Marte.
La pretensión del afamado innovador es extender las posibilidades de vida humana más allá de la Tierra y de esta manera, descongestionar el planeta y liberarlo parcialmente de su enorme y creciente contaminación medioambiental, también perpetuar la especie humana en el supuesto de una hipotética III Guerra Mundial… y probablemente persigue también, pasar a los anales de la Historia como el humano que consiguió idear un sistema de transporte espacial doméstico…. así como si nada…
Sus planes pasan por enviar a un millón de personas a Marte en 2050 y para ello, construir una flota de más de mil vehículos espaciales Starship. Viajes que no serán económicamente asequibles, pero entre sus propósitos se adivina la posibilidad de conceder créditos a todos aquellos que lo necesiten para hacer realidad esta actual fantasía de trasladarse a otro cuerpo celeste.
¿Y qué régimen jurídico existe en Marte? ¿A qué derecho quedan sometidas las personas que residan o trabajen en Marte?
En el Journal of Law and Technology de la University of Richmond, se ha publicado un artículo (Jeffrey Phaup, Law On Mars?) en el que se aborda esta cuestión.
Parece ser que los clientes que se inscribieron para la prueba beta de Starlink, el servicio de Internet por satélite en desarrollo de SpaceX (Mike Brown, SpaceX Mars City: Legal Experts Respond to ‘GIibberish’ Free Planet Claim), se vieron obligados a aceptar que Marte es un «planeta libre» al establecerse en la sección nueve de los términos y condiciones del servicio, que la compañía con sede en Estados Unidos declara que cualquier disputa relacionada con los servicios prestados alrededor de la Tierra o la Luna seguirá la ley establecida en California. Ahora bien, en relación a Marte, la estipulación es la siguiente:
«Para los servicios prestados en Marte, o en tránsito a Marte a través de Starship u otra nave espacial de colonización, las partes reconocen a Marte como un planeta libre y que ningún gobierno con base en la Tierra tiene autoridad o soberanía sobre las actividades marcianas. En consecuencia, las disputas se resolverán a través de principios rectores, establecidos de buena fe, en el momento del asentamiento marciano «.
La estipulación ha sido objeto de múltiples reacciones por parte de expertos en Derecho Internacional ya que tiene imposible encaje en el 1967 Outer Space Treaty (Tratado del Espacio) ratificado por 110 países y firmado por 23 más.
El artículo II del Tratado establece que el espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, no está sujeto a apropiación nacional por reclamo de soberanía, por medio de uso u ocupación, o por cualquier otro medio. El artículo VI, por su parte, establece que los estados nacionales tienen la responsabilidad internacional de las actividades nacionales en el espacio ultraterrestre, que incluye a Marte, e incluye las actividades realizadas por «entidades no gubernamentales». El artículo VIII establece que todas las partes en cuyo registro se lleve un objeto lanzado al espacio ultraterrestre conservarán la jurisdicción y el control sobre dicho objeto y sobre su personal, mientras se encuentren en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste. Y el artículo IX señala que, si un Estado Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por otro Estado Parte en el Tratado, crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, podrá pedir que se celebren consultas sobre dicha actividad o experimento.
A la vista de estos artículos, la afirmación de que Marte es un “planeta libre” es más que cuestionable jurídicamente. Tanto la jurisdicción como responsabilidad por daños derivados del lanzamiento y asentamiento de las naves de SpaceX sería de EEUU ya que es el Estado Parte del Tratado en el que está constituida y registrada esta sociedad mercantil.
Pero los asesores legales de Musk no interpretan la norma internacional así y defendiendo la consideración jurídica de “planeta libre” de Marte, dan un paso más y proclaman la necesidad de autogobierno ante el pretendido vacío legal.
Tanto es así que en una entrevista a Law360, David Anderman, general counsel de SpaceX (SpaceX GC Talks Mars And Out-Of-This-World Legal Issues), declaró que está trabajando en la elaboración de una Constitución o Carta Magna para Marte, puesto que, de acuerdo con su interpretación de los artículos del Tratado, SpaceX actuará para imponer su propio régimen legal en Marte.
El argumento, en definitiva, es que ningún Estado puede declarar la soberanía sobre cuerpos celestes, pero SpaceX sí podría establecer el marco jurídico de su autogobierno. Por supuesto, libre de cualquier dependencia del planeta Tierra.
SpaceX ofrece la posibilidad no solo de trasladar la vida a “allende del espacio” sino además hacerlo libre de cualquier atadura jurídica y política al viejo y conocido planeta Tierra.
Veremos a ver en qué se traduce toda esta declaración de intenciones que representa un choque frontal contra el Derecho Internacional.
Suscríbete a nuestro newsletter aquí.
