Natalia Martos es CEO y fundadora de Legal Army, el primer proveedor alternativo de servicios jurídicos español. Previamente fue socia de Andersen Tax & Legal y de Pérez-Llorca, donde dirigió el área de privacidad, tecnología y negocios digitales. Hasta fin de 2016, fue la directora de privacidad del Grupo PRISA a nivel global y antes de asumir este puesto, fue directora jurídica y de privacidad de la red social española, Tuenti. Ha sido incluida en el directorio Best Lawyers en 2018, 2019 y 2020 por su práctica en Derecho Tecnológico y fue galardonada por “The Legal500” como una de las 70 mejores Directoras Jurídicas de la Península Ibérica. Ha sido galardonada con la Cruz al Mérito Civil del Ministerio del Interior de España por su colaboración en la lucha contra el ciber terrorismo. Natalia es Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, Máster en Derecho de las Telecomunicaciones por ICADE, experta en derecho de la protección de datos y derecho tecnológico por el IE y está graduada en tecnologías exponenciales por la Singularity University de Silicon Valley.
Cuéntanos cuáles son las claves del éxito de Legal Army
En Legal Army, tenemos un equipo altamente cualificado que entiende a la perfección la tecnología y damos la solución jurídica que el cliente necesita para desarrollar su negocio con tranquilidad. Ponemos al cliente en el centro de forma que, a su alrededor, configuramos un equipo de abogados, técnicos, gestores de proyectos y especialistas que le ayudan en cada fase del proceso, desde el mock up hasta su lanzamiento al mercado. Este servicio enfocado en el cliente sumado a la gestión eficiente de los procesos mediante software y a las tarifas pactadas de antemano y sin límite de horas, hace de Legal Army un modelo necesario en el desarrollo de la economía digital española.
¿Se podría decir que los modelos ALSP han llegado para quedarse?
Tras años predicando en el desierto, y a pesar de que nuestros colegas anglosajones han superado incluso a las firmas tradicionales, parece que en España se acerca ese momento para los ALSP, aunque a ritmo muy lento. Indudablemente debe llegar el día en que las Asesorías Jurídicas de empresa caigan en la cuenta que no se puede pagar un 80% por un mismo resultado. El Covid ha venido a empujar ese proceso de apertura del pool de abogados por parte de los departamentos legales que han visto reducidos drásticamente sus presupuestos y necesitan dar entrada a nuevos actores que reduzcan sus costes sin faltar a la excelencia.
¿Qué opinas de las iniciativas de algunos colegios de abogados norteamericanos que plantean dar entrada a non-lawyers en la prestación de servicios legales? ¿Será el nuevo paso en la evolución del asesoramiento legal?
Desconozco esas iniciativas, aunque entiendo que difícilmente podrán realizar en EEUU las tareas de abogado especialista que no se hayan examinado del Bar correspondiente. Sin embargo, me consta que hay otras tareas que pueden ser cubiertas sin problemas por estos expertos. Entiendo que, dentro de los límites que tenemos como profesión regulada, siempre hay margen de mejora con profesionales de diferentes sectores que ayuden a la abogacía.
El año 2020 ha sido más ventajoso para los innovadores como tú, pero también nos ha enseñado cosas a todos reforzando el more for less. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente. Tal y como comentaba anteriormente, el Covid ha venido a dar la razón en cierto sentido a los ALSP. No son necesarios determinados costes de estructura para conseguir un excelente resultado jurídico. El Covid ha sido un duro igualador ya que nos ha puesto a todos a competir en igualdad de condiciones. Sólo los que teníamos integrada una manera de trabajar innovadora (con metodologías agile, trabajo en remoto y herramientas legaltech de apoyo) hemos podido superar la crisis sin sufrir graves menoscabos. Sin embargo, me consta que algunas firmas tradicionales han tenido dificultades para hacer este trabajo en remoto con máxima productividad ya que no estaban formados en dichas capacidades. De igual forma, esta crisis ha venido a demostrar que ya no importan tanto las fastuosas oficinas, sino que el cliente prefiere un trato personalizado con atención constante, empatía y la mejor diligencia a la hora de prestar servicios legales.
Asesoramiento legal de calidad al alcance de todos y access to justice. ¿Cómo ves de lejana la digitalización de los tribunales?
Lamentablemente la Administración Pública no se digitaliza a la misma velocidad que el sector privado y prueba de ello ha sido la situación generada durante el Covid donde hemos encontrado registros telemáticos cerrados, tribunales colapsados y una incapacidad absoluta para atender las necesidades del acceso a la justicia. Esta pandemia deja en evidencia las necesidades del sector público que está muy lejos de conseguir que esa igualdad sea de facto. Los programas de cualquier gobierno deben tener como meta la digitalización urgente de la Administración Pública, así como tener prevista una formación acorde o, de lo contrario, podríamos sufrir indefensión.
Ya solo queda que los clientes más tradicionales se “suban al tren”: ¿qué les dirías en pocas palabras?
Póngase cómodo. Pactemos una tarifa y usted sólo tendrá que ocuparse de los temas estratégicos de su compañía y no del día a día legal. El resto, ya lo hacemos nosotros, por un 80% menos.
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