Tal y como avanzábamos en nuestro artículo del pasado mes de julio, Utah es un Estado peculiar de Estados Unidos que ha sabido ver en la innovación legal una oportunidad para posicionarse y atraer negocio y empresas a su Estado para así garantizar una economía próspera en el sector jurídico. Pero también repensar su modelo de prestación de servicios legales con la finalidad de facilitar el acceso a la justicia a todos aquellos que lo necesiten.
Economía próspera y acción social de la mano de la innovación tecnológica
Prueba de lo anterior es el anuncio emitido por la Supreme Court el pasado viernes acerca de las reformas que se propone acometer en la forma de prestación de servicios legales, que serán según palabras de Bob Ambrogi, las más radicales en la normativa reguladora de la actividad del abogado que tengan lugar en toda una generación.
Estas propuestas tienen su origen en el trabajo realizado por la Task Force on Regulatory Reform, liderada por el juez de la Corte Suprema Deno Himonas, y creada en el mes de julio, como ya anunciamos.
La propuesta general realizada en el pasado verano, contenida en el informe Narrowing the Access-to-Justice Gap by Reimagining Regulation, se ha concretado en unas medidas específicas. Entre esas importantes medidas destacan:
- La apertura del mercado jurídico a no abogados con la finalidad de completar y enriquecer la prestación de asesoramiento jurídico con perfiles diversos como trabajadores sociales o asesores tecnológicos asociados con abogados. Estas asociaciones se entienden como estructuras comerciales alternativas.
- La posibilidad de dar entrada en el mercado jurídico a personas no abogados que puedan convertirse en propietarios o inversores de firmas jurídicas (proveedores de servicios jurídicos). La medida se fundamenta en la posibilidad de fortalecer económicamente la asesoría jurídica y con ello, mejorar el acceso a la justicia. En palabras del propio juez líder de la propuesta “los estadounidenses necesitan y merecen tener acceso a servicios legales accesibles”.
- Propiciar la prestación de servicios jurídicos por tecnología, aprovechando las plataformas del S. XXI en este ámbito.
- Aprobación de planes de ayuda legal no tradicionales para contribuir a paliar los efectos de la crisis de la COVID-19.
Como consecuencia de estas propuestas, que han pasado a fase de publicación e información pública durante 90 días, se podría decir que la prestación de servicios legales en Utah podría derivar, o bien de abogados tradicionales, o bien de estas estructuras empresariales alternativas que permitirían compartir honorarios entre abogados y no abogados.
Para avanzar en este camino se propone la creación de la Office of Legal Services Innovation, cuya función será asesorar y ayudar al tribunal en la valoración, regulación e implementación de estos nuevos proveedores de servicios jurídicos alternativos.
¿Cómo se implementa?
La metodología utilizada es el Sandbox de proyectos legales alternativos o proyectos legal tech, abriendo la posibilidad a personas físicas o jurídicas de participar en el proyecto para ofrecer soluciones ágiles -antes del fin del periodo de información pública- y asequibles económicamente -incluso gratuitas- para apoyar a todos los afectados por la crisis de la pandemia actual.
A todos nos sorprendió la adopción de este primer Sandbox de proyectos de innovación legal por parte de la Supreme Court de Utah el verano pasado. Habrá que ver que resultados efectivos se consiguen. Sin lugar a dudas, ofrece un replanteamiento de la prestación de servicios legales que puede incentivar la innovación y reforzar económicamente el mercado jurídico con propuestas más asequibles y accesible para los ciudadanos.
Un modelo de innovación legal al servicio de la sociedad.
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