Con la creciente adopción de blockchain que ya vimos en el artículo “La evolución del blockchain impacta en el ‘know-how’ del sector legal”, ha crecido, también, el interés por la automatización de las relaciones contractuales. Se ha multiplicado la experimentación para transformar contratos tradicionales en smart contracts y facilitar, de esta manera, los procesos de negociación y ejecución contractual: pieza central en derecho corporativo.
En los últimos tres años han nacido multitud de startups Legal Tech dirigidas a simplificar y automatizar todos los aspectos de las relaciones contractuales. De ahí, que cada vez existan más plataformas de gestión contractual; más herramientas impulsadas por inteligencia artificial que extraen datos e información de negocio relevante de los contratos; y que se pongan a disposición de abogados y clientes, todo tipo de plantillas y modelos de contrato.
Estos cambios en el proceso contractual van encaminados a proporcionar a los abogados un nuevo instrumento de poder: datos, cantidades de datos debidamente organizados, sobre los contratos y la labor de asesoramiento legal. Este ámbito de los smart contracts es un ejemplo de cómo ha florecido la figura de Legal Operations para hacer una gestión más eficiente de la función jurídica.
Se trata, sin embargo, de un concepto de difícil definición, ya que cada equipo legal pone el énfasis en el aspecto que más encaja con su modelo de negocio y, en última instancia, con las necesidades de los clientes a los que asesora.
Por ello, no se trata de innovar a toda costa y convertirse en referente en la utilización de herramientas tecnológicas sin un uso coherente, se trata de innovar para procurar el mayor beneficio al cliente y la mayor eficiencia en la ejecución de los procesos y resolución de los problemas jurídicos.
Según Richard Susskind, tal y como expone en su libro Tomorrow’s Lawyer, estamos en “una industria que tradicionalmente se ha mostrado ajena a sacudidas tan fuertes como los que se predicen, los cambios se presentarán de forma gradual a lo largo de tres etapas: denial, resourcing y disruption“.
Para el autor, actualmente nos encontramos al final de la etapa de denial, etapa que se caracteriza por la resistencia generalizada a creer que en tan poco tiempo están transformándose muchos modelos de negocio que llevan implantados durante décadas, y estaríamos comenzando la etapa de resourcing, que lleva a la presión constante por mejorar eficiencias y reducir costes. Esto genera la aparición de proveedores de servicios externos a la industria, quienes aportan soluciones alternativas, novedosas y creativas frente a esquemas y modos de actuar tradicionales.
Esta etapa tiene como piezas fundamentales las startups y outsourcers de servicios legales.
Para algunos, incluso, ya estamos iniciando la etapa de disruption. Aunque parece que si bien, existen ejemplos claros de modelos disruptivos, a día de hoy no es lo más generalizado y desde luego, supondría una etapa sin precedentes en el sector legal.
En todo este proceso juegan un papel esencial los laboratorios de invocación legal en los que de la mano de despachos y asesorías jurídicas se trabaja día a día para conseguir avances que faciliten, en términos de eficiencia y rentabilidad, la prestación de servicios legales.
De acuerdo con el Estudio de Innovación en el Sector Jurídico de Lefebvre 2019, por lo que se refiere a España, los datos concretos reflejan que hay un alto nivel de concienciación sobre la necesidad de innovar, tanto en abogados como en asesores (80%), pero cuando hay que trasladar la idea a la práctica, esta cifra desciende drásticamente: sólo el 34% de los abogados se está ocupando activamente de la innovación, y en el caso de los asesores esta cifra asciende ligeramente hasta el 43,5%.
El Estudio refleja de manera clara, tal y como señala Susskind que, de momento el sector legal estaría lejos de entrar en la fase de disruption.
