Utah es un Estado peculiar de Estados Unidos que ha visto en la innovación legal una oportunidad para posicionarse y atraer negocio y empresas a su Estado para así garantizar una economía próspera. Para ello está trabajando en dos líneas intensas para renovar el sector legal.
El primer camino que está explorando es la flexibilización de su código de normas éticas sobre el ejercicio de la abogacía, incluyendo la redefinición de los servicios jurídicos. Con esta iniciativa pretenden suavizar todas aquellas normas que están limitando la innovación en el sector legal, así como facilitar la entrada a nuevos agentes.
California también está valorando cambios a su código deontológico para favorecer la creación de nuevos modelos de negocio en el ámbito legal, en particular permitir la entrada de “no-abogados” a la prestación de servicios jurídicos. El pasado 28 de junio de 2019, el comité del Bar de California Task Force on Access Through Innovation of Legal Services (el comité que está elaborando la propuesta de modificación de reglas de ética profesional en la abogacía para mejorar el acceso a la justicia), aprobó un informe en el que recomendaba (i) permitir a “no abogados” prestar servicios jurídicos; (ii) permitir que “no abogados” tengan una participación en un despacho de abogados y por tanto abrir la posibilidad a la existencia de socios capitalistas; y (iii) permitir que herramientas impulsadas mediante inteligencia artificial presten asesoramiento legal. Tres modificaciones que van directamente a la línea de flotación de aquellos abogados que se sienten protegidos por el modelo tradicional y piensan seguir prestando servicios jurídicos como lo han hecho siempre. Como es evidente, estos cambios se están desarrollando en medio de múltiples polémicas y se enfrentan a grandes resistencias por una parte significativa de los juristas que ejercen en este Estado puesto que ven peligrar parte de su negocio. También está generando debate en muchos otros Estados que ven en California un precedente que puede acabar afectándoles. ¿Son los prestadores de servicios legales alternativos alineados o amenazas para los abogados?
Al margen de los cambios en la regulación deontológica de la abogacía, Utah está yendo un paso más allá. La segunda línea que está potenciando Utah, es la creación del primer sandbox para proyectos legal tech en el mundo, que proporcione un espacio y recursos para proyectos innovadores. El magistrado Justice Deno Himonas es el promotor de ambas iniciativas. En el corazón de las reformas está tanto la mejora del acceso a la justicia, como la utilización geopolítica de estas iniciativas. De la misma forma que Delaware es el Estado por excelencia para la constitución de LLC y negocios que operan en todo el territorio americano, por su normativa muy favorable para las empresas, Utah podría convertirse en el Estado donde se constituyeran la mayoría de negocios Legal Tech, si su legislación es suficientemente atractiva para estos emprendedores.
¿Cómo funcionará en la práctica el sandbox para proyectos legal tech de Utah?
Para el desarrollo de este proyecto, Utah cuenta con el asesoramiento de un grupo de expertos que incluye a la profesora de Stanford, experta en Legal Design, Margaret Hagan. Margaret Hagan explica en el siguiente diagrama las distintas fases del sandbox y sus implicaciones.
Existe un claro interés por parte de los proveedores alternativos de servicios legales en la creación de este tipo de iniciativas que les permiten, de la mano del legislador, desarrollar la creación de nuevos modelos de negocio y productos que la actual normativa deontológica de la abogacía no permite. Estamos hablando de las limitaciones, como las que ha propuesto modificar California (prestación de servicios jurídicos por no abogados, utilización de herramientas tecnologías), pero también liberalización de la posibilidad de financiación de los despachos de abogados y diversificación de su negocio, además de eliminación de la prohibición de referral fees (pago de honorarios por recomendación).
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