Los abogados, jueces y, en general, todos los que prestamos servicios jurídicos nos enfrentamos cada día al reto de encajar la realidad de las tecnologías más avanzadas con los marcos normativos existentes.
Ante esta problemática, hay dos posiciones opuestas. En un extremo del espectro están los juristas que defienden que la legislación actual es suficiente. Por ejemplo, argumentando que las soluciones previstas por el derecho civil al incumplimiento de un contrato “tradicional” son igualmente aplicables a los smart contracts.
En el extremo opuesto, se sitúan los que quieren nuevas leyes que prevean expresamente conceptos como blockchain, inteligencia artificial o machine learning.
En este debate, la posición de los estados tiende a situarse entre la inacción o la adopción de medidas conservadoras. Los cambios legislativos aparecen tímida y lentamente. Aunque existen algunas excepciones. La actividad legislativa en territorios como Malta o Gibraltar es muy activa. Ven en la promulgación de regulación favorable a las nuevas tecnologías, una ventaja competitiva y una oportunidad de impulsar sus economías.
¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Qué parámetros definen el carácter de un modelo normativo?
¿Cómo regular tecnologías que están en constante cambio? Lo más importante para encontrar la respuesta adecuada es definir qué modelo normativo perseguimos. Existen cuatro parámetros esenciales. Estas cuatro variables definirán de forma decisiva el carácter del modelo normativo de un país. Se trata de elegir entre:
- Un modelo basado en principios generales o en reglas particulares (un rule-based model, como lo llaman los americanos);
- Experimentación en el mercado o realización de pruebas piloto en entornos normativos controlados;
- Involucración de la administración ex ante o actividad de vigilancia ex post
- Normativa armonizada entre países, regiones, grandes alianzas o diversidad legislativa por países.
Podemos debatir y decidir cómo queremos que sea nuestro modelo legislativo. Por ejemplo, si preferimos un modelo basado en grandes principios o en reglas precisas, detalladas y estrictas. Si lo más conveniente es recurrir a pruebas piloto, como las regulatory sandboxes, o por el contrario dejar que el mercado experimente con el marco regulatorio existente o con sunset rules. Debemos escoger si creemos que es más eficaz un sistema donde el legislador cree espacios de colaboración con los operadores del mercado ex ante o un sistema de vigilancia ex post. Podemos debatir sobre las bondades de llegar a acuerdos internacionales para armonizar las regulaciones o las ventajas de la diversidad regulatoria.
Lo que no podemos permitirnos es quedarnos anclados en el mundo analógico cuando todo a nuestro alrededor se está digitalizando.
Los marcos normativos temporales: nuevas herramientas legislativas
Los legisladores más sofisticados se han dado cuenta de que los marcos legislativos actuales a menudo son demasiado rígidos y dificultan los procesos de innovación. ¿La solución? Crear nuevos modelos legislativos de duración temporal o de ámbito de aplicación limitado.
En este contexto, desde 2015 hemos visto nacer una nueva tendencia legislativa: medidas que promueven marcos normativos temporales, leyes con fecha de caducidad. Hasta ahora se trata de una tendencia incipiente que solo algunos países se han atrevido a poner en práctica. Reino Unido, Estados Unidos y Singapur son sus mayores defensores. Es muy probable que 2019 sea el año en que se consolide la adopción de estas técnicas como la herramienta clave para que el legislador afronte los retos que le presenta el desarrollo tecnológico.
La normativa temporal se ha materializado en tres técnicas legislativas distintas: (i) los regulatory sandboxes; (ii) las sunset rules; y (iii) la legislación agile. Examinaremos en profundidad cada una de estas tres herramientas en las tres partes siguientes de esta serie.
El legislador ha adoptado una mentalidad beta
En cierto sentido, los legisladores están adoptando una mentalidad “beta”, dejan de buscar la permanencia en el tiempo para acomodar la rapidez de la realidad. La adopción de normas temporales es una prueba de ello. Los estados son conscientes del impacto negativo generado por marcos legislativos desalineados con la innovación y la promoción de nuevas ideas y no quieren quedarse atrás.
La clave del éxito de esta nueva mentalidad está en las colaboraciones público privadas. Singapur y Reino Unido son los ejemplos arquetípicos de estos modelos. No es por casualidad que las sandboxes, sunset rules y la legislación agile hayan aparecido en el ámbito financiero. Son los sectores regulados donde hemos visto aparecer más creatividad legislativa, precisamente porque por la naturaleza de estos sectores existe una estrecha relación entre empresas privadas y administraciones públicas. Este modelo público privado se está aplicando al desarrollo de los proyectos más ambiciosos de blockchain.
El objetivo es la promoción de la innovación del desarrollo económico y tecnológico, a la vez que se protege al consumidor y se preserva la seguridad jurídica.
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